Rodrigo Chaves, presidente de la República, el día de la segunda vuelta de las elecciones nacionales en abril de 2022. Archivo CRH
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) señaló que el fideicomiso “Costa Rica Prospera”, constituido para impulsar la candidatura presidencial de Rodrigo Chaves Robles en los comicios de 2022, no fue utilizado para financiar las operaciones y actividades políticas de la agrupación que en principio alegó que buscaba “generar un espacio para el análisis de las políticas públicas y la realidad nacional”.
Costa Rica Prospera, constituido el 25 de febrero de 2021 por Rodrigo Chaves Robles, actual presidente de la República, y el empresario Jack Loeb Casanova, como fideicomitentes y fideicomisarios, en asocio con ATA Trust Company S.A., representada por Alonso Vargas Araya, en calidad de fiduciaria, surgió en realidad con la supuesta intención de recaudar y gestionar fondos para las intenciones políticas del hoy mandatario y habría operado como una estructura paralela de financiamiento alejada de la tesorería oficial del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Las estructuras paralelas de financiamiento son una persona o un grupo que, al margen del partido político, recaudan contribuciones, donaciones o aportes a través de mecanismos no autorizados por el Comité Ejecutivo Superior de una agrupación política, con el objeto de beneficiar la acción política del partido, tendencias, candidatos o precandidatos oficializados. Todo esto al margen de lo que establece el Cídigo Electoral.
El informe final de investigación sobre presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña del presidente, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que durante la investigación preliminar no se logaron identificar productos tangibles que respalden la versión de los fideicomitentes (como informes, reportes, propuestas, minutas de reunión, etc.) sobre el supuesto interés de analizar políticas públicas o temas de realidad nacional.
Al contrario, según el TSE, sí fue posible detectar contrataciones, pagos y otras pruebas documentales, según el dicho de los proveedores consultados, para potenciar las aspiraciones político-electorales de Chaves directa o indirectamente, y del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
“Sobre este particular, véase que el primer gasto sustancial sufragado por sus constituyentes y el fideicomiso refleja, en sí mismo, las aspiraciones político-electorales de este mecanismo de financiamiento. Ya para 12 de marzo de 2021, a menos de 1 mes de haberse constituido el fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera, el tesorero y director de operaciones del fideicomiso suscribieron con MINOS S.A. un contrato de arrendamiento de local, que en su texto delimita su uso para ‘oficinas de un partido político’”, apunta el informe del TSE.
La investigación hecha por el TSE apuntó que el PPSD, a través de integrantes del Comité Ejecutivo Superior y la Comisión Política, participó activamente en el proceso de negociación y consolidación de una “alianza patriótica” o “coalición para el cambio”, propiciado por el “movimiento Rodrigo Chaves”, entre diciembre de 2020 y junio de 2021. Sin embargo, no se halló evidencia que confirme a partir de cuándo estos representantes partidarios tuvieron conocimiento de la constitución del fideicomiso del grupo “Costa Rica Próspera”. Ni el objeto que lo motivó.
“(…) pero sí se sabe que al menos, para julio de 2021, el partido PPSD empezó a beneficiarse, directamente, de bienes y servicios costeados por el fideicomiso referido y que las autoridades partidarias como mínimo la señora Alpízar Loaiza (Luz Mary, actual diputada) conocían para ese momento que las donaciones en especie recibidas por la agrupación política no eran sufragadas por personas físicas nacionales. Por lo anterior, es posible sostener, en grado de probabilidad razonable, que a estas alturas ya existía una colusión entre la señora Alpízar Loaiza, el ‘movimiento Rodrigo Chaves’ y el grupo ‘Costa Rica Próspera’“, puntualiza el documento.
La investigación del TSE señala que para el 4 de julio de 2021 ya Chaves era precandidato presidencial oficializado. De hecho, en la asamblea superior del PPSD realizada virtualmente en esa fecha ese órgano practicó reformas a los estatutos internos para flexibilizar el proceso de postulación y elección de candidaturas para 2022. Luego, eligió en votación pública a Chaves Robles como aspirante presidencial. Incluso, Alpízar Loaiza, en la sesión del comité ejecutivo superior del PPSD celebrada el 3 de julio de 2021 se refirió a Chaves como candidato presidencial.
Almuerzo que Chaves promovió cuando aspiraba por la presidencia. Archivo CRH
¿Almuerzo inexistente?
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE no halló evidencias fehacientes de que la actividad “¡Almorcemos y conversemos!”, en la que se promocionó la candidatura de Chaves utilizando la divisa del partido PPSD, a celebrarse el 3 de agosto de 2021 en el Club Unión, en San José, hubiera ocurrido.
Del estudio y análisis de la información bancaria entregada por el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) atinente a las cuentas en dólares y colones de la fiduciaria ATA Trust Company S.A., se identificaron ingresos cuyos detalles aluden expresamente a este evento de recaudación de fondos o resultan coincidentes con lo anunciado, en fechas y montos. En las redes sociales de Chaves se promocionó el almuerzo con un costo de $1.500.
Para entonces, ya con Chaves como candidato, el grupo “Costa Rica Próspera” continuó facilitando el uso de las cuentas de ATA Trust Company S.A. para captar fondos para la aspiración presidencial, beneficiando al PPSD.
Ante consultas del TSE, Chaves aseguró que, ante la ausencia de cuentas bancarias abiertas a nombre del PPSD para setiembre de 2021, se usaron las de ATA Trust Company S.A, reservadas para el fideicomiso de Costa Rica Próspera, para captar recursos a favor. En un documento de respuesta, el mandatario dijo que esos dineros provenían directamente del PPSD, pero del estudio practicado de los estados de cuenta bancarios suministrados por el Banco Nacional de Costa Rica, se encontraron evidencias contrarias.
Pese a lo dicho por ATA Trust Company S.A., la investigación del TSE recalcó que no se puede confirmar que el fideicomiso Costa Rica Próspera hubiere fenecido el 18 de setiembre de 2021 (como lo han sostenido Chaves y los demás participantes), pues la liquidación de compromisos previos (pago de prestaciones al personal contratado por el fideicomiso para beneficio de la candidatura del presidencial Chaves y del PPSD) no perdió la naturaleza electoral al término de la relación comercial o laboral.
“Por ello, y en vista de que el último pago efectuado por el fideicomiso con esa vocación electoral tuvo lugar el 8 de octubre de 2021, es que este órgano técnico estima que fue hasta ese día en que dicho instrumento financiero cesó operaciones”, indicó el TSE.
El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos no identificó acuerdos adoptados en el seno del comité ejecutivo superior del PPSD o autorizaciones expresas de la tesorería del partido, que autorizara a Chaves Robles, a Loeb Casanova, a Carlos Vásquez Landergreen (primer director de operaciones del fideicomiso), a Arnoldo André Tinoco (administrador de Costa Rica Próspera), a Vargas Araya o cualquier otra persona para recaudar fondos en nombre y por cuenta de la agrupación política en el marco de las elecciones nacionales. Tampoco se halló evidencia en los registros que al efecto conserva este órgano técnico de que esta instancia hubiere avalado, ni previo ni posterior a su suscripción, el contrato de constitución del grupo de pensamiento político denominado “Costa Rica Próspera”.
La investigación concluyó que:
El fideicomiso de “Costa Rica Próspera” habría recibido ingresos de personas físicas y jurídicas nacionales, además de presuntas personas físicas extranjeras y otras fuentes precisar que ascienden a ₡62.010.239 y $348.182.
Del análisis de los estados de las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A. suministrados por el BNCR que, efectivamente, de estas cuentas fueron pagados bienes y servicios que ascienden a $47.733.108 y $98.741 de naturaleza político-electoral, para el período comprendido entre febrero y octubre de 2021.
“Conforme a los elementos que integran esta definición y a partir de los hallazgos previamente señalados, este órgano técnico estima que en la especie sí es posible sostener que, en el marco de las Elecciones Nacionales de 2022, operó una estructura paralela de financiamiento en favor de la candidatura presidencial del señor Rodrigo Chaves Robles y del propio PPSD“, concluyó el documento final sobre este caso.
El presidente Rodrigo Chaves y el vicepresidente Stephan Brunner hablaron sobre el audio en agosto de 2022 (Archivo)
Señalamiento a Brunner
La oficina del TSE recalcó que no se puede obviar que en agosto de 2022 trascendió una conversación entre Stephan Brunner, actual primer vicepresidente de la República y tesorero del PPSD durante la campaña electoral de 2022, y Chaves Robles en el que el primero expresa que “sabe que existió un fideicomiso” y que hubo movimientos de dineros “contaminados” (al tratarse de personas jurídicas).
“Estas declaraciones que denotan una intención de ocultamiento, cuya autenticidad y veracidad fue confirmada por ambos señores (Chaves y Brunner) públicamente podrían también ser constitutiva del delito tipificado en el Artículo 275 inciso a) del Código Superior de una agrupación política que, conociendo sobre la existencia de contribuciones, donaciones y aportes privados irregulares, no lo denuncien oportunamente ante las autoridades electorales o penales competentes“, subraya el informe.
El PPSD podría haber incurrido en la falta sancionada en el artículo 288 inciso a) del Código Electoral, que castiga a las agrupaciones políticas que reciban contribuciones, donaciones y aportes privados sin acatar los procedimientos previstos en el artículo 123 del Código Electoral.
En el caso particular, se identificó que Alpízar Loaiza, actuando como presidente de la agrupación política, presentó los estados financieros del PPSD correspondientes al III trimestre de 2021, en los que constaban 9 recibos de donación en especie suscritos por el señor Loeb Casanova. Estos recibos, según él confirmó, fueron suscritos por él a insistencia de la señora Alpízar Loaiza, a sabiendas de que las donaciones referidas habían sido costeadas por el fideicomiso Costa Rica Próspera.
El Artículo 123 del Código Electoral contempla que toda contribución, donación o aporte privado a los partidos políticos, sus candidaturas y precandidaturas oficializadas debe quedar debidamente registrada al momento de su recepción, con indicación expresa de la identidad de la persona donante. En este caso, la identidad del donante del fideicomiso no coincide con la consignada por el partido político en sus estados financieros y en su registro de donaciones, contribuciones y aportes.
De tal forma que podría haber vulnerado la norma de referencia; desatención que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 288 inciso del Código Electoral, se sanciona con la imposición de una pena pecuniaria equivalente al doble de la donación irregular aportada y de comprobarse los hechos descritos a raíz del procedimiento administrativo de rigor, procedería imponer al PPSD, por este concepto, una multa de $128.159,88.
Toda está documentación fue secuestrada por la Fiscalía General en allanamientos realizados en el TSE a mediados de enero.
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Pablo Rojas
